Hubo crisis en el gabinete. Lo «parcharon», cual llanta reventada. La crisis sigue debajo de la «alfombra» con la que Otárola lo cubrió. Su final está cerca. Otárola no se da cuenta; Dina Boluarte, si.
Ahora, la crisis se está dando en el espectro del fujimorismo y sus satélites. Fuerza Popular retomó el proyecto de reforma para que las elecciones generales sean en diciembre de 2023.
Sus satélites (Renovación Popular y Avanza País), algo más conservadores, le cuestionaron y le dijeron que es «irresponsable»; que móvil «electoral». Se «rebelaron».
Tal es su lado bruto que olvidan que todo es político. Y que pueden, por ahora, ser sus «cepas», pero una de ellas apunta a la sucesión del espacio de la señora K: el señor «Porky»
¿Qué está en juego tras esa jugada política hacia «atrás» del keikismo? La continuidad de la señora K. Ese gesto es un acto de sensatez ante una insurgencia nacional. Un «gesto electorero.
Es que nuestras derechas no son tan brutas como pensamos ni «achoradas». Son criminales (no olviden eso). Y en las organizaciones criminales hay quienes (muy pocos, por cierto) que piensan con cabeza fría. Hay pensantes.
¿Qué más hay detrás de ese proyecto de reforma constitucional? No solo se trata obtener ganancia electoral. Hay, aunque el «milico» que solo obedece no se haya dado cuenta (no «jodan», dijo), otra
ganancia política: dotar a su co-gobierno de un arma para que calme la insurgencia.
Esa es la idea. Los «milicos» y ultras de sus «cepas» siguen sin entender. Propone esa reforma constitucional no solo para calmar la insurgencia o protesta nacional que amenaza con barrerlos, sino también para que se quede FujiDina.
De ese modo, doble ganancia: uno, el fujikeikismo queda como el sector sensato al empalmar con la aspiración mayoritaria del país y, dos, conserva al clon que ha encontrado en la izquierda cerronista. Es claro que hay «pensantes» en el mundo de la narcomafia.
En esa jugada no están solos. A está entró el narcoapepismo que hace días, expresó su posición de adelantar las elecciones en 2023. Hasta FujiDina, como lo señalamos, se dio cuenta en ipso facto respaldó el regreso de Fuerza Popular a ese proyecto de reforma constitucional.
Ahora, el fujikeikismo sabe que no se puede obtener doble ganancia. Es lo ideal. Es probable que no logré ambas cosas. Sabe que la insurgencia popular e indígena en ascenso quiere la cabeza de la «traidora» y responsable de los más de 60 asesinatos.
Si la pobre y odiada Dina Boluarte creyó que la señora K quería blindarla, se equivocó. La narcomafia fujimorista no es leal a nadie. No hay que olvidar que liquidó a su hermano; que estuvo, de paso, contra el indulto a su padre y patriarca de su organización criminal; que avaló las torturas a su mamá.
En las próximas horas, antes que el Perú arda más (cosa que no entienden los «narcogorilas» de Renovación Popular) y acaben con FujiDina y el narcokeikismo y sus propios «satélites», veremos que la posición del fujikeikismo, en cualquiera de los escenarios descritos, se impondrá en el Congreso.
Hay otras cosas que buscan: quieren salvar su moribunda república, su Estado de Derecho, sus privilegios y negocios del movimiento que nació en los andes del sur y que se ha convertido en una insurgencia popular nacional. No por las puras el narcofujimorismo tiene más de 30 años y, en los diez que estuvieron en el poder, sintonizaron con la mayoría del país.
¿Qué debe hacer la protesta nacional? Persistir en la renuncia de Boluarte y la consulta popular para una nueva Constitución. Es el momento de hacerlo.
Jaime Antezana Rivera




