Por segunda vez, la presidente Dina Boluarte no asumió su responsabilidad en el asesinato de 51 ciudadanos del sur andino. Ni lo mencionó. Ella no tiene nada que ver con esas muertes. Lo hicieron, aunque no lo volvió a decir, el «minúsculo grupo» de «violentistas». O sea, los mismos aimaras, quechuas y ayacuchanos.
Por otro lado, ni una sola palabra sobre la principal exigencia nacional: que renuncié a la presidencia. Que se vaya a su casa. Al Igual que sobre los asesinatos, no se da por enterada que el 67% lo exige. A ella no le importa las marchas ni lo que los ciudadanos que no marchan demandan. Ella es la presidenta constitucional y punto.
En tercer lugar, ni una sola palabra sobre el adelanto de las elecciones generales para este año, la otra exigencia asociada a su renuncia. Tampoco de su proyecto de adelanto para abril de 2024, que le falta la segunda votación. No le importa. Parece que el narcopoder fujimorista, que controla el Congreso, cuya actitud es la misma, la hubiera convencido que se puede quedar hasta julio de 2026.
Por otro lado, nuevamente insistió que hay que atender los problemas de educación, salud, agua, el agro, el reinicio del año escolar el mes de marzo, etc. Es decir, en cosas que nadie -excepto alcaldes y gobernadores- le está pidiendo. Cree que insistiendo en atender esas necesidades puede quebrar la insurgencia popular.
Eso sí, donde fue muy clara y dura fue en que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) está trabajando en identificar a los «violentistas» que planificaron e intentaron tomar tres aeropuertos y a los que atacaron una comisaría en Macusani (Puno). A ellos les caerá todo el peso de las leyes.
En otras palabras, hay que prepararse para la persecución y detención de muchas personas que están participando en las movilizaciones, pero sobre todo en la destrucción de bienes públicos y privados. Eso, sin embargo, puede ser el anuncio de la detención de dirigentes gremiales, campesinos y estudiantiles.
Otro aspecto que puede ser utilizado para la persecución es cuando se preguntó cómo se financian para marchar y no trabajar. Parece haberse olvidado que en la sierra sur, de donde ella proviene, las comunidades son las que se autofinancian Fácilmente, con las unidades policiales especializadas pueden «contaminar» y «descubrir» dinero y decir que Evo, el narcotráfico o la minería ilegal los está financiando.
Ahora bien, sin esconder nada de lo que va hacer, en el mensaje ha sido muy claro y explícito lo siguiente: habrá mayor represión para defender el Estado de Derecho que los que están detrás de las marchas quieren «quebrar» y destruir. Que es su responsabilidad evitar que los vándalos y «violentistas» destruyan o tomen el Estado de Derecho.
Finalmente, este mensaje pone en evidencia que ella no es rehén de la ultraderecha criminal. En el sentido que ella hace lo que el fujimorismo le dice que hacer. No es así. Dina Boluarte piensa así. En ese sentido, ella es la responsable principal de las masacres y asesinatos que han ocurrido y vendrán. Ella dio la orden.
En suma, ha ofrecido mano dura y todo el peso de la ley a los responsables de la violencia vandálica que destruye los aeropuertos los entes públicos (comisarías, juzgados, fiscalías, etc.) y los bienes privados. Esa es la única violencia que existe para la dictadora Boluarte. Su endurecimiento, que puede ser un signo de su debilidad, ha sido el rasgo distintivo de su mensaje a la nación.
Parece, sin embargo, que no es consciente que no gobierna al hacer un llamado a sus «hermanos y hermanas» a trabajar con los que quieran paz y resolver demandas de educación, salud, educación, etc. En efecto, ella no puede salir de Lima y solo asiste a eventos oficiales y protocolares. Y, salvo los alcaldes y gobernadores, los pueblos de las macroregiones no le piden nada de ese tipo de demandas. Ni le pedirán.
Jaime Antezana Rivera