Puno tiene memoria, aunque algunos funcionarios crean que el agua del Titicaca puede lavar las huellas de sus actos. Franklin Mestas Chata, hoy gerente de Desarrollo Urbano del alcalde Javier Ponce Roque, parece haber olvidado que, no hace mucho, desde la misma silla técnica que ahora ocupa —pero en Salcedo— firmó con puño y letra un certificado que entregaba, sin pudor, un pedazo de la faja marginal del lago Titicaca a una asociación de vivienda.
Corría el año 2022. Mestas Chata, entonces gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Centro Poblado de Salcedo, no tuvo reparo alguno en emitir el Certificado de Posesión N° 045-022-MCPSA/UIDU, a favor de Zacarias Castillo Quispe, representante de la Asociación Pro Vivienda Bicentenario del Barrio Chanu Chanu. Un terreno de más de 21 mil metros cuadrados —ni más ni menos— ubicado en pleno borde del lago, colindante con la Avenida Costanera Sur.
¿Era legal? ¿Era ético? Poco importó. Lo firmó igual.
Aquel certificado no fue solo un papel: fue una puerta abierta a la ocupación informal de un espacio que pertenece a todos. Porque la faja marginal del Titicaca, según la ley, está bajo administración de la Autoridad Nacional del Agua y la Marina de Guerra del Perú. Es zona intangible, pública, vital para el ecosistema del lago. Un santuario hídrico donde nadie, absolutamente nadie, puede apropiarse ni cercar sin quebrar principios básicos de conservación.
Pero ahí estaba la firma del arquitecto Franklin Mestas. Ahí está todavía el documento, testimonio de una permisividad institucional que hoy parece convenientemente olvidada.
Lo más indignante, sin embargo, no es el pasado, sino el presente.
Ahora, desde la municipalidad provincial Puno, el mismo Mestas se erige como defensor del espacio público. Esta vez, se opone férreamente a que la Universidad Nacional del Altiplano instale un cerco provisional de calamina en un predio ubicado en la Av. Sesquicentenario. ¿La razón? Que el terreno se encuentra en la misma faja marginal que en su momento autorizó a invadir en Salcedo.
La ironía es tan profunda como el lago.
¿En qué momento cambió Franklin Mestas Chata de parecer? ¿Acaso los intereses políticos de turno han reescrito su criterio técnico? ¿O es que proteger el espacio público solo aplica cuando conviene al poder de turno?
Porque aquí no se trata de defender a una universidad, ni a una asociación de vivienda. Se trata de coherencia, memoria y responsabilidad pública.
El pueblo de Puno, los hijos del lago, los guardianes de su ribera, merecen respuestas. Sobre todo, merecen funcionarios que no cambien de rumbo como totora al vaivén del viento del altiplano.
Franklin Mestas Chata debe explicar —y ojalá lo haga con la misma facilidad con que firmó aquel certificado— por qué hoy niega lo que antes permitió. Porque si algo debe protegerse, más que la faja marginal, es la vocación de servicio al pueblo, no al poder de turno.
