En un mensaje dirigido a la población y autoridades de Puno, el exdirigente Milton Cariapaza alertó sobre lo que calificó como una «estrategia sistemática» del departamento de Moquegua para apropiarse de territorios en disputa, motivada por los cuantiosos recursos del canon minero que recibe.
Desde sus redes sociales, luego de conocer la visita de Gilia Gutiérrez Ayala, gobernadora de Moquegua a la localidad de Titire, Cariapaza inició su intervención aclarando que su postura «no está en contra de los hermanos de Moquegua», sino contra un Estado que, a su juicio, fomenta la «discriminación económica» entre departamentos.
Para sustentarlo, reveló una abismal diferencia en la distribución del canon: Moquegua, con 250 mil habitantes, recibe 4,870 millones de soles, mientras que Puno, con más de un millón de habitantes, percibe solo 2,776 millones.
«Este es el interés económico que empuja a las autoridades de Moquegua y a la vez confabulado con las empresas extractivas», afirmó el exdirigente, acusándolos de trabajar «subterráneamente» durante años en los frentes social, administrativo y técnico para minar la posición puneña.
Informes técnicos favorables judicializados
Cariapaza recordó que el conflicto no es nuevo y que la posición de Puno cuenta con respaldo técnico. Señaló que en 2013, el Informe N° 027 de la Dirección de Demarcación Territorial (DMT) de la PCM dio la razón a Puno. Sin embargo, Moquegua impugnó el resultado y judicializó el caso.
Posteriormente, en 2017, un nuevo estudio, el Informe N° 045 de la misma dependencia, volvió a favorecer a Puno, confirmando con «pruebas contundentes» que los territorios en litigio son puneños. Dicho informe también fue objetado y judicializado por Moquegua, por lo que el caso sigue hoy paralizado en el Poder Judicial a la espera de una resolución definitiva.
Acusaciones de manipulación social y administrativa
El exdirigente aseguró que, ante la falta de un fallo, Moquegua «no ha descansado». Denunció una estrategia de manipulación en la zona, afirmando que han «promovido actores políticos y sociales» en centros poblados como Aruntaya y Titiri, logrando que elijan como autoridades a personas «ligadas directamente con las empresas transnacionales».
El objetivo, según Cariapaza, es que estas nuevas autoridades «tramiten la pertenencia territorial y administrativa hacia Moquegua», aprovechando el «abandono por parte de las autoridades de Puno». Incluso detalló que, al descubrir un error en los límites distritales, las autoridades moqueguanas estarían promoviendo una ordenanza municipal para cambiar la jurisdicción administrativa de estos centros poblados y así validar su pertenencia a Moquegua.
Un llamado a la unidad y a la presión judicial
Convencido de la fortaleza de los documentos presentados, Cariapaza se declaró «seguro» de que el Poder Judicial fallará a favor de Puno. Advirtió que, de lo contrario, sería «inaudito» y solo demostraría que hubo «maniobras oscuras y confabulaciones».
Finalmente, hizo un llamado urgente al gobernador Richard Hancco, al alcalde Javier Ponce y dirigentes puneños a «unir esfuerzos y presionar al Poder Judicial para que resuelva este asunto de una vez por todas». «No podemos permitir que Moquegua siga avanzando impunemente», concluyó, subrayando la necesidad de actuar ante la prolongada espera.
