La Fiscalía de Prevención del Delito de Puno, junto con representantes de OSINERGMIN, INDECOPI y la Policía Nacional del Perú, realizó un operativo preventivo en diversos establecimientos comerciales dedicados a la venta de gas doméstico en la ciudad.
Durante la intervención, las autoridades verificaron las condiciones de atención al público y el cumplimiento de las normas de protección al consumidor. En varios locales se detectó un stock mínimo del producto, situación que, según indicaron algunos propietarios, se debería a problemas en el abastecimiento desde las plantas proveedoras.
Asimismo, comerciantes señalaron que el precio de adquisición del combustible se estaría incrementando, alcanzando en algunos casos un promedio de 60 soles por unidad en tienda, lo que genera preocupación entre los consumidores.
Irregularidades detectadas en establecimientos
En el marco de la fiscalización también se identificaron otras observaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas comerciales. Algunos establecimientos no contaban con libro de reclamaciones, mientras que en otros el documento se encontraba desactualizado o no estaba debidamente anunciado al público.
Del mismo modo, se constató la falta de publicación del horario de atención en determinados locales y la presencia de tres establecimientos cerrados al momento de la intervención.
Las entidades participantes señalaron que estas acciones forman parte de operativos preventivos destinados a garantizar la transparencia en la venta de productos esenciales para la población.
Fiscalía advierte sanciones por acaparamiento y especulación
Tras el operativo, la Fiscalía recordó a los comerciantes que la legislación peruana sanciona las prácticas que generen escasez artificial o alteración de precios de productos esenciales.
De acuerdo con el artículo 233 del Código Penal, el delito de acaparamiento se configura cuando una persona provoca escasez o desabastecimiento de bienes indispensables mediante la retención o sustracción de productos con el objetivo de elevar su precio en perjuicio de los consumidores. Este delito puede ser sancionado con penas de cuatro a seis años de prisión, además de multas.
Asimismo, el artículo 234 del Código Penal tipifica el delito de especulación, que se produce cuando proveedores o comerciantes incrementan de forma injustificada los precios de bienes esenciales aprovechando una mayor demanda o situaciones de emergencia. En estos casos, la pena puede llegar hasta seis años de prisión, y hasta ocho años si el hecho ocurre durante un estado de emergencia.
Las autoridades indicaron que continuarán con operativos de supervisión para evitar prácticas que afecten el abastecimiento y el acceso de la población a productos básicos.
