El Gobierno Regional de Puno, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), alertó sobre el preocupante incremento de incendios en la región durante el 2025. Según el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), hasta el 11 de agosto se han reportado 78 siniestros, de los cuales 51 corresponden a incendios forestales y 27 a incendios urbanos.
En el último trimestre, la situación se ha tornado más crítica: solo en agosto se contabilizaron 26 incendios forestales, en julio 13 y en junio 11. Las provincias más afectadas son Chucuito-Juli (10 casos), Puno (9), Azángaro (7) y Melgar (5), entre otras con menor incidencia.
Los incendios han arrasado con más de 1,336 hectáreas de pastizales y han dañado al menos 15 viviendas de material rústico, dejando a varias familias en situación de vulnerabilidad. Ante ello, el COER invocó a la población a reforzar las medidas de prevención para salvaguardar la vida, la salud y los medios de subsistencia.
Temporada crítica de incendios en Puno
La institución recordó que la temporada de mayor riesgo se extiende de julio a noviembre, debido a las prolongadas sequías, las altas temperaturas y la quema indiscriminada de residuos agrícolas. Entre las principales recomendaciones están:
- Apagar por completo fogatas y brasas.
- Evitar arrojar basura inflamable en áreas naturales.
- Reportar de inmediato cualquier foco de incendio a las autoridades competentes.
Responsabilidad de los gobiernos locales
El COER exhortó a los gobiernos provinciales y distritales a implementar brigadas de respuesta inmediata, desarrollar campañas de sensibilización comunitaria y fortalecer el trabajo conjunto con comunidades campesinas y nativas, a fin de aplicar prácticas preventivas que reduzcan la frecuencia y magnitud de los incendios.
Sanciones por provocar incendios
Finalmente, se recordó que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 007-2021-MIDAGRI, quienes ocasionen incendios de manera intencional pueden ser sancionados con multas de hasta 10 UIT y penas privativas de libertad que oscilan entre 4 y 6 años.
Con estas medidas, el Gobierno Regional de Puno busca concientizar a la población y a las autoridades sobre la urgencia de actuar de manera preventiva para frenar el impacto de los incendios en la región altiplánica.
