A escasas 48 horas de la segunda vuelta presidencial, el futuro judicial del candidato Roberto Sánchez podría ingresar en una etapa decisiva. Este viernes 5 de junio, el Poder Judicial reanudará la audiencia de control de acusación que determinará si el líder de Juntos por el Perú afrontará un juicio oral por presuntas irregularidades relacionadas con la presentación de información financiera de su organización política.
La audiencia, programada para las 2:00 de la tarde y dirigida por el juez Adolfo Farfán, representa un paso clave dentro del proceso penal impulsado por el Ministerio Público, que solicita una condena de cinco años y cuatro meses de prisión contra Sánchez por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información.
La investigación está vinculada a los reportes financieros y aportaciones económicas presentados por Juntos por el Perú ante los organismos electorales durante los años 2020 y 2021, documentación que, según la tesis fiscal, contendría información presuntamente irregular.
Fiscalía busca que el caso avance a juicio oral
La diligencia judicial tiene como finalidad resolver las observaciones pendientes formuladas por las defensas de los investigados, requisito procesal indispensable antes de que el magistrado determine si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio oral.
Durante la última sesión, que se extendió por más de cinco horas, el juez dispuso el archivamiento del proceso para otros dos investigados, acogiendo un pedido formulado por la propia Fiscalía. Sin embargo, la audiencia quedó suspendida debido a que aún permanecían pendientes algunos cuestionamientos presentados por la defensa de Roberto Sánchez y de otro procesado identificado como Rubén Mario Herrada Tello.
Según explicó el magistrado, la continuación de la audiencia permitirá resolver estos aspectos bajo criterios de celeridad y economía procesal, garantizando que el proceso avance dentro de los plazos establecidos por la ley.
Defensa rechaza acusaciones
La defensa legal del candidato presidencial ha rechazado las imputaciones formuladas por el Ministerio Público y sostiene que Sánchez no tenía responsabilidad directa sobre la elaboración ni la presentación de los informes financieros observados.
De acuerdo con esta posición, dicha labor correspondía al tesorero de la organización política, quien era el encargado de gestionar y reportar la información económica del partido ante las autoridades competentes.
Este argumento será evaluado por el Poder Judicial junto con los elementos de convicción presentados por la Fiscalía antes de decidir si corresponde abrir la etapa de juzgamiento.
Decisión genera expectativa en plena campaña electoral
El desarrollo de esta audiencia cobra especial relevancia debido al contexto político en el que se produce. La eventual apertura de un juicio oral contra uno de los candidatos presidenciales ocurre en la recta final de la campaña electoral y podría influir en el debate público previo a la jornada de votación.
Aunque la audiencia no definirá la culpabilidad o inocencia de Roberto Sánchez, sí establecerá si existen fundamentos suficientes para que el caso sea debatido en juicio oral, instancia en la que se determinará su eventual responsabilidad penal.
Mientras tanto, la atención de la opinión pública se concentra en la decisión que adopte el Poder Judicial, cuyo pronunciamiento podría tener repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el escenario político nacional.
