De acuerdo a la información recabada por el estudioso Francisco Durand, las grandes empresas le deben a la Sunat un total de 9 mil 256 millones 970 mil 235 soles.
De ese total, el 94.6% corresponde a los grupos económicos más grandes del país (Romero, Rodríguez Pastor, Telefónica, entre otros) y varias de ellas se arrastran desde el año 2001.
Según observa Durand, a pesar de que las grandes empresas no pagan lo que deben, a través de sus voceros como el IPE, «se quejan constantemente, evitan el pago de impuestos, rechazan siempre el aumento del salario mínimo y de los sueldos del sector público».
Paraíso Fiscal
Además según la OCDDE, de los 26 países de América Latina y el Caribe, la recaudación tributaria en el Perú es de las más bajas superando solo a cuatro países.
Mientras en Brasil, Chile, o Colombia la recaudación supera el 18 %, en el Perú se ubica en el 15.2% casi al mismo nivel de paraísos tributarios como Panamá.
Sobre esto, la mayor parte de lo que se recauda, no proviene de las grandes fortunas o empresas sino de impuestos sobre bienes y servicios, es decir el 39 % mientras los impuestos sobre la renta de personas físicas representan el 12%.
En cambio, en países de la OCDE, los impuestos sobre la renta de persona físicas representan el 23 % y sobre bienes y servicios, el 20%.
Brecha salarial
Esto mientras la diferencia entre jefes y empleados, en promedio, es de 30 sueldos.
Es decir, que mientras un trabajador promedio recibe un sueldo de 1 mil 525 soles lo que hace un total de 21 mil 350 soles anuales; un gerente general recibe 825 mil 469 soles en el mismo periodo.
La diferencia en Chile y Argentina es de 10 y 24 sueldos respetivamente y, cabe recordar, que la tímidas mejoras en las normas laborales del gobierno de Pedro Castillo han sido duramente criticadas por el sector favorecido con altos ingresos.
Si para las grandes empresas existen diferentes mecanismos para evitar pagar los impuestos, los pequeños empresarios viven la pesadilla de estar siempre en peligro de ser sancionados por la Sunat, o pagan los costos de la informalidad