Fiscalía busca respuestas sobre el plan de control de protestas en Juliaca
En un nuevo capítulo de las investigaciones en torno a las protestas que tuvieron lugar en Puno, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha dado pasos firmes para esclarecer los hechos ocurridos el 9 de enero del 2023. En aquella fecha, la ciudad de Juliaca se convirtió en escenario de una confrontación que dejó 17 civiles fallecidos y más de un centenar de heridos en los alrededores del aeropuerto.
Los enfrentamientos entre manifestantes, agentes policiales y miembros del Ejército marcaron un episodio trágico en la historia reciente de Puno. Ahora, mientras se busca entender los detalles y motivos detrás de estas acciones, surge un nuevo obstáculo: la negativa del Ejército a proporcionar el plan de operaciones que guió su intervención durante aquellos disturbios.
La solicitud del Ministerio Público al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentada el pasado junio, buscaba obtener claridad sobre las estrategias y procedimientos empleados para restablecer el orden en Juliaca. Sin embargo, la respuesta ha sido contundente: los documentos en cuestión están clasificados como secretos, reservados y/o confidenciales por razones de seguridad nacional.
Esta negativa ha llevado a la Fiscalía a tomar medidas más firmes. Mediante la Disposición Fiscal Nro 04-2023-MP-FN-EFICAVIP, con fecha del 4 de agosto de 2023, se ha ordenado reiterar la solicitud de entrega del Plan de Operaciones de acciones militares. Además, se solicita también el documento que registra la entrega y devolución de armas de fuego, así como la nómina del personal militar involucrado en los acontecimientos del 9 de enero en Juliaca.
El planteamiento de la Fiscalía es claro: en caso de persistir la negativa, se tomarán medidas adicionales. Copias de esta disposición serán enviadas a la Fiscalía Penal de Turno, lo que podría llevar a acciones legales contra aquellos que se nieguen a colaborar en el esclarecimiento de los hechos. La desobediencia a la autoridad y la obstrucción de funciones podrían acarrear consecuencias legales.
Investigación en curso por homicidio calificado y lesiones
El enfoque de las investigaciones se centra en la presunta comisión del delito de homicidio calificado, en relación con las 18 víctimas civiles que perdieron la vida durante las protestas. Además, se busca esclarecer la presunta comisión del delito de lesiones graves o leves en perjuicio de los 106 civiles heridos en los enfrentamientos.
En este proceso, se intenta arrojar luz sobre los motivos y la secuencia de eventos que llevaron a un desenlace tan trágico. La sociedad y la opinión pública demandan respuestas, y la Fiscalía se encuentra comprometida en su búsqueda incansable de la verdad.
En resumen, las investigaciones continúan su curso mientras se enfrentan obstáculos significativos en el camino. La negativa del Ejército a entregar el plan de operaciones ha añadido un nuevo nivel de complejidad a este caso. Sin embargo, la resolución de la Fiscalía y su determinación por arrojar luz sobre estos eventos trágicos son indudables, reflejando su compromiso con la justicia y la verdad.
