El Poder Judicial de Arequipa dictó 36 meses de prisión preventiva contra los ciudadanos Darwin Samaniego, Jesús Baca y Cid Domínguez, quienes son investigados por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas, lavado de activos y receptación agravada. La medida fue impuesta tras la sustentación del Ministerio Público, que advirtió un alto riesgo de fuga y posible obstrucción a la justicia, dada la gravedad de los cargos.
Según la investigación fiscal, los imputados habrían abastecido de municiones y armamento a organizaciones ilegales que operaban como grupos de choque en zonas de explotación minera informal, dedicándose al desalojo violento de campamentos mineros en 2022. Un reciente operativo permitió el decomiso de más de 500 mil soles en efectivo, presuntamente producto de actividades ilícitas.
El caso se basa, en parte, en los testimonios de un aspirante a colaborador eficaz, quien habría revelado la existencia de una red criminal con conexiones en instituciones públicas y privadas.
SUCAMEC en la mira: funcionario investigado por cohecho
Paralelamente, la Fiscalía investiga al funcionario de SUCAMEC, Adrián López Portocarrero, por el presunto delito de cohecho, al haber facilitado, de forma irregular, licencias para la tenencia de armas. A pesar de los indicios presentados, el Poder Judicial decidió que sea investigado en libertad, lo que ha sido apelado por el Ministerio Público, que sostiene contar con elementos suficientes para solicitar su prisión preventiva.
Red criminal bajo investigación: 12 implicados y más detenciones en camino
Hasta la fecha, la Fiscalía ha identificado a 12 personas implicadas, de las cuales cuatro se encuentran detenidas y siete tienen orden de captura vigente. La fiscal a cargo del caso, María Alejandra Cabana, no descarta la vinculación de más policías y funcionarios públicos en esta presunta organización criminal dedicada al tráfico de armas y al lavado de activos en contextos de minería ilegal.
Las autoridades continúan con las investigaciones para desarticular por completo esta red que habría operado con total impunidad durante los últimos años en zonas estratégicas de explotación minera informal.
