Hasta el cierre de edición, se cuentan 28 fallecidos y al menos 60 personas hospitalizadas, muchos de ellos en estado muy grave además de una oleada de detenciones arbitrarias informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Por otra parte, la abogada Mar Pérez informó que accedieron a documentación de la presidencia del consejo de ministros para ordenar a los órganos de inteligencia el seguimiento de publicaciones a personas opositoras al régimen.
Es decir, se está usando las llamadas “fuerzas del orden”, no para perseguir la delincuencia o a enemigos del aparato estatal sino para hacer a un lado, neutralizar, anular a los opositores del régimen, de acuerdo a lo que indicó.
“No se puede usar armas de fuego para proteger infraestructura”
Respecto al uso de armamento de guerra y de cuerpos militares indicó que, legalmente, no se puede usar la fuerza letal para proteger infraestructura sino para proteger la vida, la suya o la de terceros, pero no se puede usar para acabar la vida.
Por otro lado, indicó que el solo uso de armas de guerra en una ciudad es irresponsable y, no se puede hablar de balas perdidas como causa de las muertes.
Despilfarrar los servicios de inteligencia
Por otro lado, la abogada observó que no se pueden usar los recursos de inteligencia para la persecución de ciudadanos que se oponen al régimen.
Finalmente ella indicó que, en el plano penal, se habla de crímenes de lesa humanidad que involucran principalmente a la presidente Dina Boluarte, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y a los jefes de las regiones policiales de las regiones donde se dieron las muertes.
Además llamó la atención por la inacción de las fiscalías de prevención del delito que no movieron un dedo ante los fallecimientos. Al contrario, las fiscalías enviaron documentos a los dirigentes con el mensaje: “ te estamos chequeando y serás responsable de lo que pase”.
