Una tarde sin mayores sobresaltos, la Comisión de Educación del Congreso de la República encendió un debate nacional que podría transformar radicalmente el acceso a la educación superior en el Perú. Con la aprobación del proyecto de ley que elimina el tradicional examen de admisión, se perfila una nueva ruta para los miles de jóvenes que año tras año buscan una vacante en las universidades públicas y privadas del país.
La iniciativa —propuesta por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, ambos de la bancada de Perú Libre— plantea el reemplazo del examen por un semestre académico obligatorio, denominado «ciclo cero», que todos los aspirantes deberán cursar antes de acceder a una carrera universitaria.
Un nuevo filtro académico
Lejos de ser una puerta abierta sin filtros, el «ciclo cero» exigirá que los postulantes rindan tres evaluaciones por cada asignatura y alcancen un promedio mínimo de 13 para ser admitidos. Las materias no son menores: razonamiento verbal, pensamiento científico, geopolítica, además de contenidos ligados directamente a la carrera elegida, buscarán nivelar a los estudiantes en una etapa previa al ingreso formal.
Solo se necesitará el certificado de estudios secundarios y el pago de S/ 267.50 —equivalente al 5% de una UIT— para ingresar a este ciclo. Según el proyecto, este pago será destinado a mejorar infraestructura, remuneraciones docentes y materiales educativos.
La supervisión de Sunedu y las dudas que persisten
La implementación de este nuevo modelo estará bajo la lupa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), encargada de garantizar que el «ciclo cero» no solo funcione, sino que asegure calidad y transparencia en el acceso a la universidad.
Sin embargo, no todo es entusiasmo. Voces dentro del sistema universitario han levantado alertas sobre el posible impacto económico que esta medida podría generar, especialmente en las universidades públicas. Con la eliminación del examen de admisión, muchas casas de estudio perderían una fuente significativa de ingresos que destinaban a bonificaciones para catedráticos, personal administrativo y otros gastos operativos. La sostenibilidad financiera de estas instituciones, ya golpeadas por la precariedad presupuestaria, se coloca en la balanza.
Una reforma en camino
La propuesta aún deberá ser debatida en el Pleno del Congreso, donde se espera una sesión cargada de argumentos técnicos, visiones ideológicas enfrentadas y, sin duda, una atención ciudadana que observa con expectativa. Para muchos estudiantes, este podría ser el inicio de una educación superior más accesible; para otros, un salto al vacío.
