Se ha confirmado lo que se veía venir: el fujimorismo, sus satélites (Renovación Popular y Avanza País) y aliados decidieron que no habrá adelanto de las elecciones y nadie se va: ni el Congreso ni Dina Boluarte.
Así es, la comisión de Constitución del Congreso, no aprobó la reforma para que se adelante las elecciones para este año. Y cerró cualquier debate sobre el tema hasta julio próximo.
Esa decisión fue precedido por el rechazo a la consulta popular (referéndum) sobre una nueva Constitución. La no aprobación de un proyecto de adelanto de elecciones y referéndum, presentado por Perú Libre, fue rechazado antes.
En suma, la correlación entre narcopartidos (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, APP y Podemos) y partido proto-criminales se impuso. No quieren ningún cambio. Optaron por mantener el statu quo, el régimen político y económico surgido en los 90.

Tomaron esa decisión a contrapelo que la insurgencia popular, que tuvo como epicentro el sur andino, ingresa a una nueva etapa. A una etapa de marcha nacional permanente y paros regionales y nacionales de las macroregiones y gremios sindicales. Si creyeron que el natural descenso de las marchas era su caída, se equivocaron.
El acuerdo de paros indefinidos en Puno y Cusco desde el 6 de enero, la autoconvocatoria de los conos de Lima para el 4, el anuncio de un paro nacional para el 9, nuevas delegaciones de las macroregiones que llegarán a Lima son los rasgos de esa nueva etapa. Ahora, será con más rabia contenida y nacional.
El acuerdo de la Comisión de Constitución provocará una mayor indignación en los pueblos de las macroregiones del sur, centro, oriente y norte del país. Es una decisión que representa la mayor burla contra el clamor nacional y los casi 60 asesinados por el co-gobierno de Dina Boluarte con el fujimorismo congresal, la expresión política de narcopoder fujimorista.
¿Hay narcotráfico y minería ilegal en esto? Sí, pero mimetizada y de escala local. Es muy díficil evitarlo. ¿Eso significa que la genuina y multitudinaria movilización está aherrojada a esas economías ilegales? De ninguna manera. La insurgencia popular fue espontánea y de las zonas recónditas del Perú Profundo.

¿Ha habido y sigue habiendo grupos vandálicos en está insurgencia, o insurrección o revolución democrática, como lo han llamado otros? Pues si, eso es innegable. Las grandes movilizaciones, en su mayoría, viene o se infiltran de esos grupos. Sus productos: la destrucción de bienes públicos y privados. Son actos inaceptables y merecen la condena.
¿Fueron acciones «terroristas» algunos actos de las turbas fruto de la indignación indígena y popular en el sur andino? SL dinamitaba las comisarías, los juzgados y fiscalías; antes degollaba o abatia a los policías, jueces y fiscales dejándoles un cartel con un mensaje. Eso fue, junto a otras acciones, una práctica del terror con el objetivo de destruir el Estado y crear otro.
También es cierto que, en muchos casos probados, el vandalismo y la subsecuentemente destrucción fue obra de agentes de inteligencia del Estado (ternas, exsoldados). Se infiltraron y azuzaron a las turbas. O provocaron hechos que indignaron al país: el incendio de un viejo edificio cerca de la plaza San Martín, fue uno de esos.
Cuando la insurgencia popular llegó a Lima, los actos vandálicos fueron cediendo hasta desaparecer. Y está se convirtió en nacional y ganó a los migrantes y mestizos de Lima, así como de regiones del norte. En ningún momento decayó; al revés, se extendió y masificó.

El Congreso bajo control del fuji/Porky ha vuelto ha ponerse de espaldas y se ha burlado de más de 50 días de protestas en todo el país. Esta retando la rabia de más de 200 (con excepción de reformismo militar de Velasco) años de discriminación, abandono, racismo de las élites criollas, blancas y convertidas al crímen.
Jaime Antezana Rivera




