Desentrañando la Impunidad en la Masacre de Puno: Retos y Reveses
En el complejo entramado de investigaciones sobre la brutal masacre en Puno, un año después, los obstáculos se multiplican. Descubre cómo la búsqueda de la verdad se ve ensombrecida por cambios en el Ministerio Público, tácticas de ocultamiento por parte de la Policía y la irracional exigencia de viajar a Lima impuesta a testigos y familiares.
Las pesquisas sobre los crímenes cometidos por la Policía y el Ejército en las protestas sociales de Cusco y Ayacucho avanzan lentamente, pero la situación en Puno es aún más desalentadora. Cambios frecuentes en el Ministerio Público, prácticas institucionalizadas de la Policía para encubrir pruebas y la decisión irracional de obligar a familiares y testigos a trasladarse hasta Lima para declarar en el caso contra Dina Boluarte, evidencian un desempeño estatal encaminado hacia la impunidad.
Tres carpetas agrupan los casos de las 20 muertes registradas en Puno durante las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso en enero de 2023. Las tres muestran retrasos.
Carpeta 23-2023: Víctimas de Juliaca:
Mientras las 18 víctimas en Juliaca esperan justicia, la carpeta 23-2023 se abre, abarcando el caso de los 18 asesinatos atribuidos al personal de la Policía Nacional en Juliaca durante la protesta del 9 de enero de 2023, además de 108 heridos.
Wilmer Quiroz, abogado del Instituto de Derechos Humanos Illariy de Puno, detalla que esta carpeta sigue en etapa de investigación preliminar. Aunque se ha identificado la cadena de mando de la Policía, la investigación preparatoria aún no se formaliza.
Lo realizado hasta ahora se limita a ampliar la investigación preliminar contra los mandos medios. «Esta ampliación solo incluye al jefe de la división policial de Juliaca. No se ha incluido al jefe de la región policial», cuestiona.
Los abogados de las víctimas han solicitado al Ministerio Público abrir también una investigación preliminar contra el jefe de la región policial de Puno, coronel PNP Julio Mauricio Contreras, y contra el jefe de la delegación de DINOES a cargo en el aeropuerto de Juliaca, coronel PNP Juan Manuel Pedrera Ruiz.
En un año, esta carpeta ha pasado por las manos de cinco fiscales, según detalla Wilmer Quiroz. «Estuvo en la Fiscalía de Crimen Organizado, luego en la Fiscalía Penal de Juliaca, después en la Fiscalía de Derechos Humanos de Juliaca, también en otra fiscalía de Lima, antes de pasar al equipo especial. Cada fiscal se tomó un mes en conocer el caso».
Respecto al acopio de evidencias desde el momento de los hechos, el abogado de las víctimas recuerda que las cámaras de la Municipalidad no funcionaron el día de la masacre, según informó la institución edil.
«Solo contamos con videos grabados y difundidos por ciudadanos en TikTok y hemos obtenido imágenes de cámaras privadas, y ahora estamos en la etapa de visualización», explica.
En el momento de los hechos, también era crucial tomar acciones inmediatas para la investigación. Wilmer Quiroz señala que el fiscal de Crimen Organizado, Guido Pilco Delgado, evitó disponer la absorción atómica con los policías. Tampoco se incautaron las armas. Los abogados de las víctimas no descartan denunciar a este fiscal.
Al igual que en Cusco, la Policía también oculta pruebas en Puno. No han entregado, por ejemplo, el informe sobre la munición devuelta el 9 de enero de 2023.
Carpeta 5-2023: Víctimas de Carabaya:
Las dos víctimas en Carabaya, durante las protestas del 18 de enero de 2023, son investigadas en la carpeta 5-2023. Wilmer Quiroz indica que ya hay información sobre el presunto autor directo de la muerte de la ciudadana Sonia Aguilar. «La identificación se hizo en octubre y falta solicitar la prisión preventiva», precisa.
Carpeta 277-2023: Obstrucción Intencional
Existe una tercera carpeta (277-2023) abierta, en este caso, contra Dina Boluarte. El abogado Wilmer Quiroz cuestiona que los familiares y testigos deban ser citados a Lima, lo cual constituye una seria limitante.
Mario Ilaquita, padre de Reynaldo (18 años), asesinado en la protesta, detalló que a él lo citaron para el 20 de enero, es decir, con un año de retraso desde que ocurrió la masacre. Y la citación es para Lima.
«Ya hemos llegado a un año y no hay nada de justicia», protesta el ciudadano peruano Mario Ilaquita, cuyo hijo hubiera cumplido 19 años ahora en enero, de no ser por la bala policial que le penetró el tórax en la protesta del 9 de enero.
Duelo Regional y Protestas
El Gobierno de Puno rinde homenaje a las víctimas con un duelo regional y decretó duelo regional durante los días 8 y 9 de enero, en memoria de las víctimas de la masacre perpetrada por el régimen de Dina Boluarte.
Protesta. Para el 9 de enero, la ciudadanía ha programado una movilización en Juliaca y también convocaron a un cacerolazo en Juliaca y otras localidades.
Reacciones en Medio del Dolor
Escucha las palabras de quienes, a pesar del dolor, siguen luchando por la justicia. Raúl Samillán, presidente de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, afirma: «Nosotros vamos a continuar en esta lucha de búsqueda de justicia. Estamos seguros de que llegará el momento en que se tenga que sentenciar a los culpables de tanto derramamiento de sangre».
Conclusión
Concluyendo la situación en torno a la masacre de Puno, se evidencia una compleja red de desafíos que obstaculizan la búsqueda de justicia. Los cambios en el Ministerio Público, las prácticas de ocultamiento policial y la imposición injustificada de viajes a Lima para testigos y familiares, señalan un patrón estatal hacia la impunidad. A pesar de tres carpetas de casos, los retrasos, cambios de fiscales y falta de entrega de pruebas plantean serias dudas sobre la efectividad del proceso. La resistencia y la búsqueda de justicia persisten entre los afectados, pero el camino hacia una conclusión justa parece ser largo y complejo.
